Introducción
En Five Cents EE vamos a aclarar si la nueva fuerza de inteligencia artificial anunciada por Donald Trump podrá regular a las empresas o si, por ahora, preparará recomendaciones. Veremos su encargo, cómo encajaría con las agencias existentes y qué documentos faltan para conocer sus poderes. La diferencia decisiva está entre coordinar decisiones y tener autoridad para imponerlas.
Un órgano de coordinación puede reunir a responsables públicos
Un órgano de coordinación puede reunir a responsables públicos, escuchar a empresas y consumidores, comparar riesgos y proponer medidas. Un regulador necesita además una base jurídica que le permita actuar: investigar, exigir información o aplicar determinadas normas. Son funciones distintas. Un anuncio presidencial no demuestra, por sí solo, que se hayan concedido todas esas facultades.
Esa distinción permite entender la Super Intelligence Force, conocida por las siglas SIF. Según el anuncio del cuatro de octubre de dos mil veintiséis, su misión será coordinar la actuación federal y el contacto del Gobierno con consumidores, organizaciones de interés público, grupos religiosos, proveedores de infraestructuras críticas y empresas de inteligencia artificial.
Trump designó a Jay Clayton, presentado en el anuncio como director de Inteligencia Nacional, para encabezarla. El encargo comunicado por Clayton establece un plazo de ciento veinte días para examinar riesgos y oportunidades y recomendar qué papel debería asumir el Gobierno federal. Lo descrito es, por tanto, una tarea de evaluación y propuesta. No acredita todavía una capacidad propia para sancionar empresas o imponer reglas.
La composición anunciada reúne ámbitos diferentes. Incluye a Andrew Ferguson, presidente de la Comisión Federal de Comercio; a Emil Michael, responsable de Investigación e Ingeniería en el área de Defensa; y a Scott Kupor, director de la Oficina de Gestión de Personal. El grupo reportaría a Trump y a su jefa de gabinete, Susie Wiles. Esa conexión con la presidencia indica relevancia política, pero no sustituye a una definición legal de competencias.
Para entender dónde encajaría, conviene mirar lo que ya existe. Estados Unidos no parte de un vacío absoluto de supervisión de la inteligencia artificial. Varias agencias pueden aplicar sus leyes sectoriales cuando una empresa utiliza esta tecnología. La Comisión Federal de Comercio, por ejemplo, dispone de atribuciones para investigar y actuar frente a prácticas comerciales desleales o engañosas.
La consecuencia práctica es importante
La consecuencia práctica es importante: que una conducta implique inteligencia artificial no significa que quede automáticamente fuera de las normas existentes. Pero tampoco convierte a esa comisión en supervisora universal de cualquier riesgo relacionado con la inteligencia artificial. Su actuación depende de sus competencias y de los requisitos de la legislación que aplica.
También hay mecanismos para organizar el uso de inteligencia artificial dentro del propio Gobierno. La Oficina de Gestión y Presupuesto dispone de directrices para las agencias federales. Y el director de Inteligencia Nacional tiene responsabilidades específicas de coordinación dentro de la comunidad de inteligencia.
Supervisar empresas privadas y ordenar el uso público de una tecnología no son exactamente el mismo trabajo. La SIF podría conectar esos ámbitos, reunir prioridades o elevar propuestas a la presidencia. Eso puede tener consecuencias políticas importantes incluso sin poderes sancionadores propios. Sin embargo, con la información descrita en el anuncio, no puede afirmarse que vaya a reemplazar a las agencias, absorber sus funciones o convertirse en una autoridad única.
Hay además un antecedente que ayuda a explicar el nombre. Una orden ejecutiva firmada el veintinueve de septiembre instruyó al Ejecutivo a preferir los términos Super Intelligence y SI en determinadas comunicaciones oficiales, y encargó preparar una propuesta legislativa para definirlos. Cambiar la terminología no equivale a conceder nuevas facultades de supervisión. Tampoco demuestra que exista ya una categoría legal plenamente definida.
Entonces, ¿qué permitiría resolver la duda? Lo primero sería conocer el documento constitutivo de la fuerza: su misión formal, su composición y sus reglas de funcionamiento. Después habría que comprobar si podrá solicitar información de forma obligatoria, emitir instrucciones vinculantes o iniciar actuaciones, y con qué fundamento jurídico. Escuchar voluntariamente a una empresa no es lo mismo que exigirle documentación.
Falta precisar el resultado del plazo de ciento veinte días
También falta precisar el resultado del plazo de ciento veinte días. Un informe puede recomendar legislación, cambios administrativos o actuaciones de las agencias existentes. Pero entregar recomendaciones no implica que entren en vigor. Importa saber quién las recibirá, si serán públicas y qué decisiones deberán adoptarse después.
De momento, lo anunciado permite hablar de coordinación y evaluación, no de un nuevo regulador con poderes acreditados. Las agencias existentes conservan sus responsabilidades, y el alcance real de la SIF dependerá de su mandato formal.
Para continuar, puedes generar dos nuevos Five Cents: Quién puede investigar a las empresas de IA, sobre las competencias de los organismos actuales, y Cómo una recomendación se convierte en regulación, sobre los pasos que separan un informe de una obligación.
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